Brasil: Reforma laboral

Audiencia pública: Reforma laboral y tercerización en Brasil

165 Periodo de Sesiones en Uruguay
Lunes 23 de octubre de 2017

En esta audiencia, los solicitantes indicaron que la implementación de la nueva reforma en legislación laboral viola los derechos humanos. Informaron que la reforma fue analizada por un comité especial, pero que se ignoraron las sugerencias en favor de los trabajadores. Denunciaron que hay una clara regresión de derechos en la nueva legislación, y que no se considera la dignidad de la persona humana y el valor social del trabajo. Los solicitantes indicaron que la reforma no atiende el rol de las mujeres en el trabajo, siendo ellas quienes ocupan la mayoría de los trabajos más precarios, sin acceso a la salud, y con discriminación salarial. Indicaron también que con la reforma se han perdido reglas de protección al medio ambiente e implementado una diversidad de cambios que disminuyen salarios y afectan la protección al empleado. Además, durante el proceso de implementación se han presentado diversos ataques a las organizaciones sindicales, como el retiro del financiamiento. Informaron además que jueces están siendo víctimas de amenazas para que no hagan control de convencionalidad y constitucionalidad, limitando la interpretación judicial al mínimo. Los solicitantes indicaron que los cambios en la reglamentación de las fiscalizaciones de trabajo esclavo benefician a los explotadores. Por su parte, el Estado mencionó que la reforma laboral podrá fomentar el crecimiento económico y generar empleos. Expuso cifras, de las cuales demostraron que existía una tasa de desempleo muy alta; lo que podrá cambiar con la implementación de los contratos de tiempo parcial. Estos podrán favorecer el empleo de jóvenes y estudiantes. Indicaron que el proyecto de ley se fundamentó en la consolidación de los derechos fundamentales, y que además, previamente se habrían incluido diversas garantías en la reforma. Indicaron que se realizaron audiencias, seminarios y mesas redondas para poder hacer las evaluaciones pertinentes. El Estado añadió que los contratos de trabajo intermitentes están en todo el mundo y que la reforma garantiza los beneficios a los trabajadores, además de propiciar la formalización del trabajo. La Comisión cuestionó la norma relacionada al trabajo esclavo. Además, consultó si el Estado está cumpliendo con los estándares interamericanos y si cumple con la decisión de la Corte Interamericana sobre el tema. La Comisión solicitó conocer cuál fue el procedimiento para garantizar el control y la convencionalidad de los cambios normativos. La CIDH cuestionó también si las acciones gubernamentales son compatibles con los principios de independencia, acceso y protección judicial.

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